Quisiera mantener la objetividad al comentar la reciente obligación de aportar el 10% de la remuneración de los trabajadores independientes, pero admito que me es difícil en cuanto yo soy uno de ellos. 

Voy a enfocar mi planteamiento desde un punto de vista humanista y no solo económico. Me explico; para evaluar cómo quiero llevar mi vida debo definir cuál es mi filosofía, en qué creo, cómo veo el presente y el futuro, qué necesito para ser feliz y qué no, qué objetos requiero para vivir y de cuales puedo prescindir, aspectos que escapan a lo estrictamente económico. Está claro que la economía que vemos plasmada todos los días en la prensa y la televisión nos presenta siempre el mismo punto de vista limitado al monetarismo, a los indicadores macroeconómicos, a la producción y al consumo, y tiene poco que ver con la filosofía, la sociología, el pensamiento crítico, las emociones, el saber, u otras esferas de la vida.

Corresponde a una ley general de la vida el que uno la viva tomando decisiones. De hecho existe un campo de la ciencia llamado “Teoría de Decisiones” del cual se sirve la inteligencia artificial para programar las decisiones de los robots. Cuando un individuo decide sobre algo, cualquiera que esto sea, normalmente evalúa las ventajas y desventajas, sus aspectos positivos y los negativos, beneficios y perjuicios y luego decide. Es potestad del individuo querer ver solo los aspectos positivos o solo los negativos, e incluso según su educación y costumbres poder verlos al revés; los aspectos negativos como positivos y viceversa.

Partiendo de esa premisa, si un ciudadano elige una forma de vida independiente, como por ejemplo el no trabajar de manera dependiente para una empresa, lo hace evaluando dichos aspectos. Las personas que laboran como independientes son aquellas que generalmente no desean tener un horario de trabajo ni una relación estable con un solo empleador (el beneficio), y por ello claudican a algunos beneficios monetarios como la AFP, la CTS, las gratificaciones (el perjuicio).

Estos últimos días he revisado todas las comunicaciones oficiales del gobierno y las AFP mostrando (únicamente) los beneficios de aportar al Sistema Privado de Pensiones. Yo por supuesto suscribo todos estos beneficios, y los paso a detallar.

El acceso a una pensión de jubilación y seguridad social en la vejez: Es evidente que el que aporta tendrá una pensión a los 65 años, no puedo estar seguro si esa pensión será “digna” pero sí que la recibirá a dicha edad. Asimismo el afiliado adquiere inmediatamente un seguro de invalidez y uno de sobrevivencia. La disminución de comisiones: Al haber una mayor masa crítica de afiliados las AFP podrán reducir sus comisiones, beneficiando así no solo a los trabajadores independientes sino a los dependientes que ya pertenecen al sistema. Las inversiones: al disponer de más dinero ahorrado para invertir -aunque este sea forzoso- podrá haber más inversión en proyectos que el Perú requiere. Finalmente el estado se libera parcialmente de la carga de lidiar con un número alto de personas que no tengan protección ante los “riesgos de vejez”.

Me parece que todos ellos son aspectos positivos e indiscutibles. Sin embargo, como he mencionado, para tomar una decisión se requieren conocer también los aspectos negativos. Síganme por favor.

El artículo 11 de la constitución señala que el “estado garantiza el libre acceso a la prestación de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas”. Yo entiendo que el “libre acceso” implica el no querer acceder a ningún sistema, y por ello la obligatoriedad de aportar estaría violando este artículo. Mi filosofía radica en que si se desea promulgar una ley y esta puede contradecir la constitución, -aunque no se esté 100% seguro de ello-, yo no la apoyo. Ante la duda respecto de infringir la constitución mejor es abstenerse en todos los casos.

Vale decir que las sociedades libres como la nuestra parten del supuesto que el mercado es el mejor regulador de las acciones económicas, y por ello la libertad es un valor esencial para que dicho mercado funcione. Si un ciudadano desea formar parte de ese mercado lo puede hacer, y si no es libre de excluirse de él. El mercado laboral de trabajadores dependientes es un mercado como cualquier otro, y por ello el trabajador independiente que no desee participar de ese mercado debe ser libre de no hacerlo. Si el estado impone una ley que de una u otra manera obliga al trabajador independiente a formar parte del segmento laboral dependiente (a través de los aportes obligatorios), entonces estaría violando su libertad individual.

Por otro lado el ciudadano independiente ha planificado su vida de una manera específica, y por ello nadie tiene el derecho de exigirle que la cambie. Por ejemplo el ciudadano ha planificado destinar un porcentaje de los ingresos a pagar su seguro de salud, su hipoteca, la cuota de su carro, el colegio de su hijo pequeño. Y también por qué no, sus gustos -o vicios para algunos-; el alcohol, los cigarros, casinos, comida chatarra, deportes de aventura o el que fuere. Nadie puede juzgar más que él mismo cómo desea planificar y vivir su vida, al menos en una sociedad libre como se supone es la nuestra.

Asimismo, si se le quita una parte de sus ingresos con el pretexto de querer protegerlo ante la vejez, ¿cómo podrá este ciudadano afrontar el pago de su seguro de salud en la actualidad? Es decir, estará protegido en 40 años pero no ahora ante cualquier enfermedad o accidente. ¿Cómo podrá pagar la cuota del colegio de su hijo el mes siguiente? De la misma manera ¿cómo podrá disfrutar de sus gustos y placeres? La vida no es un lugar al cual uno viene, trabaja, se jubila y muere. La vida es para vivirla.

Ahora, digamos que he subestimado los beneficios y sobreestimado los perjuicios. Si es así y realmente es bueno para el Perú que los independientes aporten la décima parte de su remuneración y así estén protegidos en 40 años, ¿no es acaso cierto también que sería muy bueno que el 10% de todos los programas emitidos por la televisión traten temas de ciencia o de cultura cívica? y ¿también sería muy bueno que el 10% de todos los inmuebles producto del boom de la construcción sean para los pobres durante 40 años, momento en el cual serian devueltos a las inmobiliarias tal como serán devueltos los aportes?

Es sabido que buena parte de la población no sabe calcular un porcentaje, ni sabe dividir, y por supuesto, no sabe leer, tampoco que se nos está acabando el agua dulce o que nuestra biodiversidad es nuestra fortaleza. En el lenguaje de seguros estos no corresponden a riesgos latentes, más bien son riesgos materializados, hechos reales y tangibles.

Finalmente, si le pido un sacrificio económico a un ciudadano independiente -una persona natural según el código civil- en nombre de un futuro lejano, ¿por qué no debería pedirle el mismo sacrificio a los medios de comunicación, a los colegios y universidades -personas jurídicas-? No hay mayores riesgos para el Perú que no tener educación, no saber leer ni escribir, y en línea con ello seguir estando expuestos durante horas viendo televisión. Habría que ser cínico para negar que la prioridad nacional es la educación, y que las “personas jurídicas” podrían ayudar a ese fin.

Si el estado se preocupa por el “riesgo de vejez” de los ciudadanos (textualmente así está planteado en la ley) está asumiendo que dicho momento de la vida constituye un riesgo. Es decir, la niñez, la adolescencia y la adultez serían zonas de confort, etapas de la vida en que no hay riesgos, o en todo caso riesgos menores, mientras que la vejez sería una etapa abominable ante la que hay que estar preparado, y pobre de aquél que no lo haga. Creo que todas las etapas de la vida tienen riesgos, desafíos y retos que son cubiertos de alguna manera de acuerdo a la filosofía de cada quién.

Ahora sí, habiendo señalado los aspectos positivos y negativos, el lector podría sacar sus conclusiones y tomar una decisión.

Mayor información en www.afp.pe